- Decisión es respetuosa del marco legal.
- Metas de generación renovable del país no son afectadas por disposición.
- Medida rebajará gastos del Instituto.

Sobre la no renovación de contratos vencidos de compra de energía a generadores privados, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) informa que:

- La normativa nacional faculta al ICE para buscar el mayor beneficio económico para el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y los consumidores finales del servicio.

- La decisión está apegada a la Ley N.º 7200 y su reglamento, que indican la no obligatoriedad del Instituto de comprar los excedentes que tenga el productor. Al no existir dicha obligación, tampoco existe un deber de renovar o suscribir nuevos contratos con plantas existentes una vez que los vigentes hayan finalizado.

- Es incorrecto sugerir que el ICE busca afectar la generación privada de energía. En la actualidad, existen vigentes 26 contratos de compra entre el Instituto y estos productores particulares (de acuerdo con el Capítulo I de la Ley 7200).

- El país cuenta con la suficiente capacidad instalada para satisfacer las proyecciones de demanda de energía. Dicha capacidad suma 3.537 megavatios con las cinco fuentes renovables y el respaldo térmico, mientras que la demanda del último año tuvo como máximo 1.737 megavatios. A esto se suma que, debido a la pandemia, la demanda nacional cayó cerca de 3% en 2020.

- Los cuatro contratos que no tuvieron continuidad se originaron en su mayoría en la década de 1990, por lo que las inversiones de los productores han sido cubiertas, y no existía un compromiso más allá de lo pactado, salvo por una eventual necesidad del SEN y con el acuerdo entre las partes.

- Además, sus contratos ya habían sido renovados en al menos una ocasión bajo las mismas condiciones. Sin embargo, actualmente no es posible justificar técnica ni financieramente una contratación en las mismas condiciones con el marco regulatorio vigente.

- Se debe señalar, además, que estas plantas aportaban 50 megavatios al SEN, lo que representaba 1,4% de la capacidad instalada total, y su principal participación se dio en los períodos con excedentes de producción.

- La Contraloría General de la República, en su informe DFOE-AE-IF-00009-2019, señaló que el ICE debía justificar las compras de energía a los generadores privados para determinar cuál es la más conveniente para solventar las necesidades de suministro. Luego del estudio respectivo, el Instituto determinó la cantidad máxima de energía requerida y trató de llegar a acuerdos con las empresas, lo cual no fue posible antes del vencimiento de los contratos.

- La medida tomada por el ICE incluso rebajará los gastos del Instituto al no tener que pagar por la energía de manera sostenida a estas empresas.

- También es incorrecto afirmar que la no renovación de estos contratos afecta las metas del Plan Nacional de Descarbonización. El compromiso del ICE con la energía limpia se mantiene intacto, ya que actualmente y en el mediano plazo, la capacidad de generar electricidad renovable se cubre con las plantas que integran el SEN.

El ICE ha cumplido con el marco legal y respalda los plazos de vencimiento de los contratos, dentro de las necesidades energéticas del país y siempre con el objetivo de garantizar el abastecimiento eléctrico de todos los habitantes y al costo más económico.

De igual forma, es respetuoso del proceso que el Poder Ejecutivo ha abierto con este grupo de empresas, con el fin de construir una propuesta que les permita colocar su energía en el Mercado Eléctrico Regional.