El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) presentó ante SUTEL, desde el 8 de abril pasado, un estudio de respaldo para revisar y actualizar la tarifa del servicio telefónico fijo, basado en su red de cobre.
La solicitud busca mitigar la pérdida ₡453.000 millones entre 2015 y 2020, generada por la misma inacción de la Superintendencia, órgano que –a pesar de las constantes solicitudes el Instituto para atender esta situación– ha actualizado la tarifa una única vez desde 2009.
Tras los cambios ligados a la apertura de las telecomunicaciones, el Instituto asumió el servicio basado en cobre sin rebalanceo ni reconocimientos. No obstante, y con la anuencia del Regulador, los demás operadores iniciaron, continuaron y efectúan hoy la comercialización de telefonía fija IP. Esta asimetría del mercado vulnera la sostenibilidad financiera del Instituto, debido a que el ICE asumió el costo deficitario de operación del servicio.
“En esta Administración estamos siendo proactivos, responsables y diligentes en llamar la atención sobre este asunto, para encontrar una solución definitiva. Brindaremos a nuestros clientes las opciones con tecnología de punta que mejoren el servicio fijo, reduzcan la inversión que debemos ejecutar para darle sostenibilidad y nos ayuden a disminuir el impacto del robo de cable”, reiteró Marco Acuña, presidente de Grupo ICE.
Agregó que “el ICE ha cumplido con todas sus obligaciones en el mercado en competencia. Desde 2013, ha pagado a la SUTEL más de ₡39.000 millones por canon de regulación; ha trasladado a FONATEL ₡74.000 millones como el mayor contribuyente, y ha pagado más de ₡15.000 millones por uso del espectro. En suma, ha cancelado más de ₡129.000 millones”.
De manera simultánea, el Instituto trabaja en la depuración de la base de activos por finalización de vida útil y la optimización en la revaluación de activos, así como en la reducción de averías y tiempos de atención e instalación.
Con el servicio de telefonía fija, el Instituto atiende a más de 400.000 clientes en todo el país, a los que se suma un parque de 2.800 teléfonos públicos. Esta red es la principal afectada por el robo de cobre, delito que entre 2018 y 2022 le ocasionó un perjuicio superior a los ₡10.000 millones.